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Acuerdo europeo en la reforma de la PAC con un Arias «satisfecho»

El ministro Arias en una visita a la zona rural de Jerez

La Comisión, el consejo y el parlamento de la Unión europea lograron ayer un acuerdo respecto a la nueva PAC, según informaba EFE ayer desde Bruselas, tras una sesión más corta de lo previsto.  La nueva PAC, que se negocia a nivel comunitario desde 2011, recompensará unas prácticas agrícolas más ecológicas e implantará un sistema de reparto de las ayudas más equilibrado. Aunque los negociadores aún no han detallado los pormenores del pacto, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión llegaron a esta última reunión con gran parte del trabajo resuelto tras los últimos contactos de esta semana. Así, eurodiputados y ministros europeos de Agricultura consiguieron el lunes, reunidos en Luxemburgo, principios de acuerdo sobre asuntos cruciales como el nivel de «convergencia interna» (distribución más equitativa de los pagos directos a nivel nacional), según el cual las mayores explotaciones europeas no podrán sufrir pérdidas de más del 30 %. A la reunión de este miércoles llegaban abiertos asuntos como la posibilidad de prorrogar las cuotas del azúcar o un mayor apoyo al sector lácteo.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado esta madrugada del miércoles su “satisfacción” porque España ha conseguido “la práctica totalidad de sus reivindicaciones en la reforma de la Política Agrícola Común y mejora sensiblemente el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura del pasado mes de marzo”. En definitiva, ha añadido Arias Cañete, “supone haber dado la vuelta por completo a una propuesta inicial muy lesiva para los intereses españoles. “Con esta Reforma no sólo se ha conseguido corregir los defectos de la propuesta de la Comisión Europea para adaptarlos a la realidad de la agricultura española, si no que nos permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar así los pagos directas hacia una agricultura realmente activa, que nos permita mantener la actividad económica de nuestro sector agrario, generando con ello crecimiento y empleo”, ha manifestado Arias Cañete en una rueda de prensa celebrada en Luxemburgo esta madrugada.

Según Arias, España tenía tres objetivos fundamentales al comenzar las negociaciones de esta reforma:

1.- Conseguir mantener para el periodo 2014 a 2020 un apoyo presupuestario para el sector agrario español similar al del periodo actual, que le permita mantener su competitividad y la viabilidad de todas los sectores productivos.

Un objetivo que se ha conseguido plenamente, aseguran desde el Ministerio de Agricultura, ya que España dispondrá de  35.705 millones de € para ayudas directas, 8.291 millones de € para desarrollo rural y más de 3.000 millones de € para medidas de mercado. En total, 47.000 millones de € de fondos comunitarios a los que se sumará la cofinanciación nacional para las medidas de desarrollo rural, elevando con ello la cifra superior a 50.000 millones de €

Ningún sector de la economía española va a recibir unos apoyos similares, que suponen una media de casi el 30 por ciento de la renta agraria, estando garantizado durante los próximos siete años, hasta el año 2020.

2.- Nuestro segundo objetivo era evitar una reducción muy significativa de la ayuda media por hectárea debido a la incorporación de nuevas superficies potencialmente elegibles, que podrían alcanzar 38.000.000 hectáreas, 16.000.000 de hectáreas más de las hectáreas actualmente declaradas. De no haber conseguido la limitación de la superficie elegible se hubiera producido una reducción de la ayuda media por hectárea de 229 € a 126, es decir, en un 42 por ciento. El acuerdo alcanzado en el Consejo nos permite limitar la superficie potencialmente elegible a 22,4 millones de Ha, que es la superficie declarada en 2011.

3.- El tercer gran objetivo era impedir que España se viera obligada a aplicar una tasa plana, es decir una ayuda igual por hectárea para todos los productores de un Estado miembro o región en un proceso de convergencia interna plena.

“Ello hubiera llevado a que todos los agricultores y ganaderos, al margen de sus producciones específicas y sus costos de producción, recibieran ayudas idénticas, lo que hubiera conducido a que sectores que necesitaban ayudas las perdieran y otros que no precisaban incrementos de ayudas para ser rentables vieran incrementados sus apoyos comunitarios”, ha dicho Arias Cañete.

Este objetivo también se ha conseguido, por medio de actuaciones en diversos frentes:

a) Desaparece la obligación de converger totalmente hacia la media nacional o regional en 2019.

b) Los pequeños agricultores, los que reciben hasta 1.250 € anuales (407.000) no estarán sujetos a la convergencia interna. Es decir, un 46 por ciento del total de perceptores de ayudas comunitarias (881.000) no estarán sometidos a ningún proceso de convergencia.

c) Las ayudas acopladas percibidas por agricultores y ganaderos no están sujetas a convergencia interna, que suponen el 13 % del total, es decir, unos 637 millones de €.

d) El mínimo de convergencia interna se establece en el 60 por ciento de la media de cada región que se establezca.

e) Se ha conseguido gran flexibilidad para configurar un sistema muy detallado de comarcalización, adaptado a la realidad productiva de España, que va a permitir definir comarcas con importes homogéneos de ayudas, por tipo de superficie, de manera que la convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro de cada comarca sea muy limitada. De acuerdo con las estimaciones iniciales de que dispone el Gobierno, basadas en el sistema de comarcalización en el que se está trabajando, con más de 40 regiones diferenciadas, los movimientos de ayudas entre agricultores no serán significativos y se realizarán en 5 años.

f) Se ha conseguido además que el 30 por ciento del pago por greening se calcule a nivel de explotación, lo que evita una convergencia automática del 30 por ciento, que se hubiera producido de haberse calculado el greening a nivel nacional.

g) Además, como cláusula de salvaguarda para las situaciones más excepcionales, que suponen menos del 1 % de los beneficiarios, se ha establecido una limitación del 30 % en la reducción del importe de ayuda que puede sufrir un beneficiario.

Según Arias Cañete, la suma todos estos elementos garantiza la viabilidad de todos los sectores productivos en todas las regiones españolas, sin transferencias significativas de recursos entre productores y territorios.

Se puede consultar el detalle del acuerdo en el siguiente enlace del Ministerio de Agricultura

 

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