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La Junta recuerda a Pelayo su cita sobre las ELAs

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López Gil, Rodríguez y Camacho

El director general de Administración Local de la Junta, Francisco Javier Camacho, ha recordado a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, la reunión que tienen pendiente y que él mismo le después de que los alcaldes de las entidades locales acudiesen a la sede de la Consejería a Sevilla para pedir amparo al Gobierno Andaluz al entender que se estaban vulnerando sus derechos por la ampliación de competencias de la secretaria-interventora.

Ese encuentro, según explicaciones del director general a los periodistas, se solicitó hace ya diez días, y no se ha producido aún a pesar de que existe un peligro real de desaparición de las entidades locales, según se refiere explícitamente en el texto de la Ley de Reforma Local, si las ELAs no presentan en tiempo y forma sus cuentas, algo que precisamente depende de esta figura del secretario-interventor.

En declaraciones que recoge Europa Press, el director insta a a que fije la reunión que él mismo le solicitó “hace diez días” para abordar la situación de las siete entidades locales autónomas (ELA) de Jerez y “evitar que se hagan desaparecer por la vía de la inanición administrativa”. Al parecer, según el director general, la alcaldesa de Jerez se comprometió a celebrar pronto ese encuentro, que todavía no tiene fecha.

 Jornada sobre la Reforma Local

Precisamente, la Ley de Reforma Local reunió ayer a más de doscientas personas, -entre alcaldes, concejales, secretarios, interventores, técnicos y empleados municipales y de otras administraciones–  en la jornada formativa organizada por la Junta para abordar su aplicación, con el objetivo de  de responder a las demandas de información planteadas por los ayuntamientos sobre el impacto de esta normativa que el Gobierno andaluz recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

En la presentación de las jornadas, el delegado del Gobierno, Fernando López Gil; la representante de la Oficina de la Vicepresidencia, Ana Rodríguez, y el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, han reiteraban que la Junta rechaza esta Ley porque atenta contra el modelo de autonomía local recogido en el Estatuto y menoscaba los servicios públicos que ofrecen los municipios y mancomunidades.

En su intervención, el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, ha señalado que la Ley de Reforma Local “ha sembrado la incertidumbre y la inseguridad jurídica en los ayuntamientos”, ya que “hay tantas interpretaciones de esta norma como interventores y secretarios hay en Andalucía”, en referencia a los que otorgan prioridad a la aplicación de la Ley de Reforma Local y a los que, por el contrario, consideran de rango superior la legislación andaluza y sectorial.

“Mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre los recursos contra esta ley, los ayuntamientos tienen que abrir cada mañana y lo hacen en una situación de inseguridad que perjudica a las instituciones locales”, ha puntualizado Camacho. Además, el director general ha anunciado que en la reunión que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le solicitará que establezca una moratoria en la aplicación de la Ley de Reforma Local. Además, aseguraba que desde la Junta de Andalucía se va a mantener una posición política, administrativa y jurídica de rechazo, una postura que también comparten Cataluña, Asturias y Canarias. “Ayuntamientos y consorcios resultarán perjudicados y, de forma especial, las mancomunidades que tendrán que aprobar sus nuevos estatutos antes del 30 de junio al serles retiradas las competencias de formación y empleo o deberán disolverse”, decía Camacho.

Por su parte, el delegado del gobierno de la Junta, Fernando López Gil, se ha referido a la desaparición, impuesta por la Ley de Reforma Local, de 26 oficinas municipales de información al consumidor que atienden a más de 750.000 ciudadanos, el 92% de la población de la provincia. Hay oficinas en Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Benalup, Cádiz, Chipiona, Chiclana, Conil, Espera, Jerez, La Línea, Olvera, Prado del Rey, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Trebujena y Ubrique.

Entre otras consecuencias, con la pérdida de competencias de los ayuntamientos en educación, salud y servicios sociales, en Andalucía se van a perder unos 40.000 empleos. En la provincia de Cádiz hay 29 municipios (de un total de 44) de menos de 20.000 habitantes, y 12 de ellos tienen menos de 5.000 habitantes. Hay también 10 Entidades Locales Autónomas (ELA) de Jerez, Jimena y Tarifa. Todos se verán afectados por esta ley de Reforma Local que según las primeras estimaciones (hechas ya por los sindicatos a tenor de la población en la provincia) “supondrá la pérdida de unos 5.000 empleos”.

 

 

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