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Diputación pide cambios en la PAC

La presidenta de Diputación, Irene García, se ha reunido con el secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Pérez Aguilar, para analizar las primeras consecuencias de la Política Agraria Común (PAC) en el campo gaditano. En el encuentro –solicitado por Pérez Aguilar- se ha compartido el rechazo sobre un modelo que estará en vigor hasta el año 2020 a no ser que se enmiende a través de una reforma intermedia. La PAC, en sus actuales términos, “perjudica a más de 4.800 agricultores de la provincia de Cádiz”, según ha indicado Irene García; una pérdida que, traducida a recortes económicos se cifra en 20 millones de euros, según ha indicado la presidenta de Diputación.

Este “gran varapalo para la provincia de Cádiz” –prosigue la presidenta de Diputación- se deduce tras adoptar el Gobierno de España una reducción lineal, y no progresiva, sobre los denominados derechos de pago único. Conforme a ese modelo, se termina socializando el recorte por lo que –en comparación con la PAC anterior- las pequeñas explotaciones pierden y las grandes recuperan. El recorte lineal es del 8´64% y afecta negativamente a 4.814 pequeños agricultores de la provincia de Cádiz.

La aplicación de la reforma por parte de la administración estatal también ha excluido determinados cultivos arraigados en la provincia de Cádiz de las denominadas ayudas directas asociadas. Este incentivo prima productos de gran importancia social y económica que estén en riesgo de abandono. En la nueva PAC no se han considerado, de momento, ni el olivar de montaña –tradicional de la Sierra de Cádiz-, ni el trigo duro, la remolacha o el caprino de leche. La reducción de subvenciones también repercute en las partidas destinadas al desarrollo rural.

“La agricultura es un medio de vida muy duro que necesita el apoyo institucional” destaca Irene García quien incide en que “el mejor plan de empleo es tener gobiernos sensibles que no apliquen castigos”. Para la presidenta de Diputación también es importante no desatender las intervenciones públicas dirigidas a fomentar el arraigo de la población en zonas productoras, y así evitar la despoblación de zonas rurales. Irene García anuncia que las repercusiones de la PAC en la provincia de Cádiz se trasladarán al Pleno de Diputación. Además se estudia la posibilidad de convocar un encuentro con las entidades agrarias y ganaderas para evaluar esta reforma.

Miguel Pérez Aguilar considera que la nueva PAC “olvida a los agricultores de la provincia de Cádiz”, y recordaba que la aplicación de este instrumento “es una decisión que adoptó Arias Cañete –entonces ministro de Agricultura y comisario europeo en la actualidad- y que hoy sólo beneficia a 69 productores de la provincia de Cádiz”. A su juicio la reforma se aplica “obviando el interés general” de un campo donde abundan los pequeños propietarios que han estimulado la economía social en régimen de cooperativas en un contexto de “gran dificultad”.

El secretario de la COAG en la provincia de Cádiz explica que la PAC no es un mandato cerrado sin posibilidad de enmienda. De hecho, los Gobiernos estatales pueden adoptar diferentes enfoques. “En Francia se ha establecido el tipo de superficie que se cultiva, como promedio, además de un tope por arriba para las propiedades más extensas. Los fondos sobrantes –por aplicación de ese límite- se redistribuyen entre los cultivos más predominantes conforme al interés general”.

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