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«Un año agrario también para olvidar», resume COAG respecto a 2020

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía hace balance de lo que ha significado 2020 para los agricultores y ganaderos andaluces, un año para olvidar, también para el campo.

Esta organización agraria considera que la pandemia de COVID ha tenido unas consecuencias negativas para los agricultores y ganaderos en Andalucía, especialmente en los sectores más dependientes del canal Horeca, como el porcino ibérico y otras carnes, así como para la flor cortada, al suspenderse los grandes eventos y las celebraciones a puertas de la campaña de primavera.

Ha sido un año malo en todos los sentidos: por la sequía (con los embalses al 40%), los precios inasumibles  (con una diferencia entre origen y destino que ha llegado a superar el 1.000% en la patata, la lechuga o el ajo, por ejemplo), la espiral alcista de los costes (+31,6% en última década), la bajada de la renta agraria andaluza un 10,6% (en los últimos dos años), la competencia desleal de las importaciones y por la invasión de los fondos de inversión.

Pero si algo bueno ha dejado 2020 es que ha puesto de manifiesto que el sector agrario es esencial y estratégico. Los hombres y mujeres del campo han dado la cara, en los momentos más duros, por Andalucía, estando en primera línea durante la pandemia y el confinamiento, produciendo alimentos sanos y de calidad para la sociedad, cumpliendo así con una importante función social.

Los retos

Si el año comenzó con un proceso de movilizaciones sin precedentes ante los precios de ruina, termina además con los malos presagios sobre la nueva PAC y la decepción por la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, que se ha quedado corta. Esta última, una buena herramienta a priori, precisa que el Ministerio de Agricultura desarrolle un amplio estudio de costes, que sirva de referencia para las distintas producciones y, junto con las CC.AA, se haga cumplir la ley con el máximo rigor. Además, se debe avanzar en las estrategias de regulación pública y autorregulación de los mercados, con estricto control de las importaciones. De lo contrario los avances pueden quedar en papel mojado.

 

Otro reto al que hay que hacer frente es la negociación de la reforma de la PAC, en la que concretamente el campo andaluz se la juega. De momento, hay malos presagios, ya que se empieza a presentar contraria al modelo social y profesional de agricultura, que es el que impera en Andalucía. Y es que, lamentablemente, los debates sobre la reforma de la PAC se acaban reduciendo al reparto de ayudas y no al debate sobre el modelo productivo. La cuestión es determinar si queremos un sector agrario protagonizado por agricultores que viven en el territorio, generan empleo y activan el medio rural o, por el contrario, el objetivo ha de ser sólo repartir recursos con independencia de quien los recibe y que devuelve a la sociedad.

Por otra parte, desde COAG Andalucía se entiende que la política comercial de la UE ha de ser congruente con la Política Agraria, “los productores no pedimos protección de nuestros productos, sino igualdad de trato, equivalencia en las condiciones de manera que las mismas exigencias en calidad, respeto medioambiental y de las condiciones social que nos exigen a nosotros se imponga a las producciones de terceros países”. Para ello, es preciso un efectivo control en frontera que verifique la calidad y salubridad de los productos que acceden a nuestros mercados, los sistemas de producción empleados para su obtención, los contingentes acordados de forma que no se perturbe el funcionamiento del mercado, etc.

Todo hace indicar que la reforma de la PAC, tal y como se ha planteado, busca desmantelar nuestro sistema productivo con un proceso de reconversión sin precedentes. Y es que los fondos de inversión han puesto sus miras en la alimentación, fulminando las pequeñas explotaciones  y acaparando los bienes públicos: tierra, agua y ayudas públicas. “Y esto Andalucía no se lo puede permitir, por lo que es fundamental aunar esfuerzos desde todos los sectores e instituciones para defender nuestro sistema productivo, un modelo social y profesional que genera riqueza, crea empleo, es sostenible y fija población”.

Si 2020 ha sido el año del reconocimiento social del carácter esencial de la actividad agraria, 2021 debe ser el de la rentabilidad para el modelo social y profesional de agricultura. Por ello, una parte de los fondos de reconstrucción de la UE deben apoyar la sostenibilidad y la digitalización de las pymes del campo, para impulsar el desarrollo económico y social post-pandemia de nuestro país.

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