Opinión

Declaración del Día de la Mujer de la Consejeria de Agricultura

 Si hay algo que caracteriza a los territorios rurales andaluces es su alto grado de heterogeneidad. Basta mirar los recursos naturales, la forma en que se configuran las estructuras productivas, los sujetos sociales, las formas organizativas y sus prácticas culturales, para descubrir un complejo entramado de dilemas, motivaciones y desafíos.

Tal complejidad sólo puede afrontarse desde varios enfoques, con carácter innovador e integrador, para no dejar de lado ninguno de sus componentes y asegurar, así, un desarrollo rural más equitativo. Desde un enfoque territorial que parte de la visión del territorio como una unidad de gestión y planificación de recursos que tenga como fin una comarca geográfica específica. Por tanto, el territorio asemeja, así, un escenario de relaciones productivas, sociales y de género, con una identidad y un proyecto de desarrollo concertado socialmente por los hombres y las mujeres que habitan en ese espacio geográfico.

Y desde un enfoque de género, por su necesaria aportación en la medida en que nos permite conocer y comprender mejor nuestro mundo rural, identificando diferencias y desigualdades -que se hacen palpables entre hombres y mujeres- en el acceso a recursos productivos y la participación en los procesos de toma de decisiones, y que evidentemente afectan a sus vidas y a los hogares rurales. Por ello, trabajamos en el convencimiento de que el desarrollo sólo podrá ser sostenible si incluye de forma explícita la participación equitativa de de hombres y mujeres, e integra las necesidades y perspectivas de ambos géneros para lograr una mejora continua de los territorios andaluces.

De hecho, las medidas de acción positiva implementadas en los programas de desarrollo rural en Andalucía han supuesto avances importantes en el acceso de las mujeres al mercado laboral -ya sea como trabajadoras por cuenta ajena o como empresarias- y por ende, en la vida de los pueblos. Así, con el programa LiderA, en los dos últimos años son casi 5.300** los empleos femeninos creados o mantenidos, y el tejido empresarial femenino en el sector agrario andaluz, ha crecido un 6,7% en estos últimos años, hasta alcanzar las 9.600 empresarias*. Ello indica que pese a que el sector agrícola sigue estando masculinizado, las iniciativas empresariales de mujeres en el ámbito rural se están consolidando, incluso en estos años de crisis.

Justamente, cuando las políticas de desarrollo rural y las políticas de género parecen más activas, y existe una mayor implicación en apoyarlas y promocionarlas, se pone de manifiesto una cierta inquietud sobre el futuro de estas políticas de igualdad debido a la crisis global y a la gestión que de ella se está haciendo desde algunas instituciones.

En este sentido, la discrecionalidad que la nueva reforma laboral otorga a los empresarios -para decidir cambios de funciones, de puestos, de horarios y hasta de salarios, sin olvidar la posibilidad de dejar sin aplicación los convenios colectivos, y por tanto las clausulas que impulsan la igualdad-, así como los recortes de gastos en los servicios públicos que les prestan apoyo, pueden convertirse en un arma que atente directamente contra la conciliación de la vida laboral y familiar, y que castigue especialmente a las mujeres del medio rural.

Por ello, la Consejería de Agricultura y Pesca, con la certeza de que la desigualdad de género para el desarrollo sostenible de los territorios no sólo es injusta, sino que es muy negativa, en este Día Internacional de las Mujeres, reconoce y se compromete con las iniciativas de las mujeres de los territorios rurales andaluces.

Asimismo, esta Consejería reitera su voluntad de seguir trabajando por los derechos laborales y personales que garantiza la Ley de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias y por la lucha contra la feminización de la pobreza y la exclusión social, apoyando a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Hoy, el papel que realmente juegan las mujeres del medio rural andaluz y su aportación a la vida social y económica constituyen una de las premisas que seguirán configurando nuestra agenda política.

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