El presidente de Asaja-Nacional, Pedro Barato, mantuvo ayer un encuentro de trabajo con los ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para analizar el grave problema que sufren las explotaciones agrícolas con las sucesivas oleadas de robos perpetradas en el campo y pedir una acción coordinada del Gobierno para atajar esta situación, incluso a través de cambios normativos dirigidos a endurecer las penas contempladas en el Código Penal.
Asaja justifica esta solicitud en los dos fallecimientos ocurridos en el último año y medio y en la multitud de robos y actos vandálicos llevados a cabo en todo el territorio nacional, unidos a pérdidas de muy difícil cuantificación pero que ascienden a millones de euros si se tiene en cuenta el material robado (vehículos, maquinaria, aperos, bombas de riego, motores, transformadores, gasóleo, herramientas, plantones, cosechas enteras, ganado, etc.) y los daños y destrozos causados en las explotaciones asaltadas, que además retrasan el inicio de las labores agrícolas hasta que se repone lo robado. Esta es la radiografía de lo que está ocurriendo desde hace ya varios años en ámbito rural.
Desde Asaja dicen que las fincas y las explotaciones agrarias son asaltadas con total impunidad debido a la insuficiente vigilancia existente en las zonas rurales y a la laxitud de un Código Penal que en su actual reforma debe ser corregido y modificado para acabar con graves deficiencias que hoy por hoy tiene. Por ello, piden que se agraven las penas y que se cataloguen de delito lo que ahora se considera hurto. .
Otra de las medidas que tienen que desarrollar las distintas administraciones, aseguran desde ASAJA, es el control exhaustivo, vía inspecciones, de los posibles puntos de destino de los materiales robados (desguaces, chatarrerías, mercadillos o cualquier establecimiento donde se sospeche que se puedan vender objetos robados) y el control en aduanas de la salida de material robado hacia otros países.
