Mantener intacto el volumen de fondos que en los últimos seis años ha recibido Andalucía de la Política Agrícola Común (PAC) es un objetivo irrenunciable para la Junta. Así lo viene defendiendo la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que comenzó ayer y que continúa hoy día 21 en Madrid y en la que debe quedar cerrado definitivamente el modelo de aplicación de la nueva PAC en España para el marco 2014-2020. La propuesta que presenta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) implica para la agricultura y la ganadería andaluzas una reducción de entre 451 y 708 millones de euros de las ayudas, por lo que el Gobierno regional la considera inaceptable.
La posición de la Junta de Andalucía está reforzada con el respaldo de las organizaciones agrarias de la Comunidad Autónoma que en el largo y complejo proceso de reforma de la PAC, que dura ya dos años, han mantenido siempre una posición consensuada. La Consejería, las organizaciones profesionales del sector -Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)- y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), firmaron el pasado miércoles día 15 un manifiesto conjunto en el que consideran “irrenunciable el mantenimiento del importe total de la ficha financiera de ayudas directas percibidas por los agricultores y ganaderos andaluces en el periodo 2007-2013, así como el presupuesto total percibido por la Comunidad Autónoma en concepto de desarrollo rural”.
En particular, en dicho manifiesto se “rechaza la propuesta presentada sobre desacoplamiento y ayudas asociadas”. Y es que las modificaciones que se introducen en el capítulo de ayudas acopladas, aquellas vinculadas a la producción en sectores con especiales dificultades o en peligro de desaparición, suponen para los agricultores y ganaderos andaluces una merma de 58 millones de euros anuales (290 millones de euros en el conjunto de los cinco años en que se aplicarán estas ayudas). El Ministerio ha propuesto el desacoplamiento de algunos sectores y el acoplamiento de otros nuevos, de forma que aumenta el peso que las ayudas asociadas tienen en el total del presupuesto del Primer Pilar de la PAC (asciende del 9,5% al 11,9%), mientras que paradójicamente Andalucía ve reducida la cuota que actualmente recibía en este capítulo.
La pérdida de 58 millones anuales significa una reducción del 4% en los fondos del Primer Pilar (ayudas directas) que recibe la región andaluza, muy lejos por tanto del 0,67% que afirmó el ministro Miguel Arias Cañete el pasado jueves en Sevilla (de ser así la reducción sería de 10 millones de euros). El Gobierno Central no ha facilitado los datos de la aplicación de su última propuesta, ni ha comunicado formalmente discrepancia con los cálculos realizados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Elena Víboras entiende que “la propuesta del Ministerio sobre acoplamientos da lugar a que se produzcan trasvases de las ayudas entre sectores y territorios, por lo que es un claro incumplimiento de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de julio”. La consejera lamenta que el Ministerio haya ignorado las propuestas de la Junta de incorporar a las ayudas acopladas sectores en dificultades significativos en Andalucía como el olivar en pendiente, los frutos de cáscara, el caprino de leche o la uva pasa.
En el Segundo Pilar (fondos para el desarrollo rural), la Conferencia Sectorial debe discutir el criterio de reparto a adoptar sin que exista aún una propuesta concreta del Ministerio, aunque las distintas opciones contempladas suponen también en todo caso una pérdida de ayudas para el territorio andaluz. De los distintos modelos que el Gobierno Central ha barajado en las reuniones técnicas, resultaría una disminución de entre 161 y 418 millones de euros. El objetivo de Andalucía es también mantener su actual cuota, el 26,5% del total de los fondos europeos para el desarrollo rural que recibe España. Para fijar el nuevo modelo, la Junta propone que se tengan en cuenta criterios como el desempleo en las zonas rurales y que se utilice como fuente para considerar la población rural los criterios fijados en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
La consejera reitera que seguirá realizando todos los esfuerzos posibles para alcanzar un acuerdo y hace un llamamiento al Ministerio para que abandone la inflexibilidad que ha mostrado desde que realizó su última propuesta el pasado lunes día 13. Víboras insiste en que la Junta siempre ha mantenido la misma posición y que es el Ministerio el que ha cambiado, por lo que le emplaza a aplicar los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial del pasado julio y en la que se acordó que se mantendría la ficha financiera del anterior marco.




