La Junta de Andalucía, según ha explicado a través de su consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, priorizara en la presente legislatura un «modelo productivo más innovador, sostenible y que genere mayor valor añadido y empleo para jóvenes». Para alcanzar los grandes retos que tiene ante sí la agricultura andaluza, la consejera ha anunciado la tramitación de una Ley de Agricultura, como eje principal para procurar un nuevo impulso al sector, y líneas de apoyo como el Plan de la Agroindustria 2020, un Foro de Interlocución para el sector hortofrutícola, el III Plan Andaluz de Agricultura Ecológica y la Estrategia Andaluza para la pesca extractiva, entre otras prioridades.
Ortiz ha asegurado que la Ley de Agricultura, que anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura, «proporcionará un nuevo impulso a la modernización del sector, a mejorar la rentabilidad de la actividad y reivindicar la profesión, de modo que se genere un entorno más atractivo para los jóvenes que ayude al relevo generacional». Para la consejera, «será el instrumento normativo más adecuado para desarrollar el nuevo marco financiero y comunitario que nos encontramos». La aplicación de este nuevo marco a partir de este año, que incide en las ayudas que los agricultores y ganaderos reciben de la Política Agrícola Común (PAC), en la aplicación del nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) -pendiente de la aprobación definitiva de la Comisión Europea- y de la Política Pesquera Común (PPC), configuran el escenario de la nueva legislatura autonómica para el sector primario.
Precisamente para dar respuesta a las nuevas exigencias comunitarias, Ortiz ha explicado que «hemos reorganizado la estructura de la Consejería con el fin de gestionar los recursos con el mayor control y eficiencia», y se ha comprometido a hacerlo desde el «diálogo y acuerdo con el sector». La transparencia democrática, de consenso y de eficiencia y control de los asuntos públicos son los cimientos que ha destacado Ortiz para «lograr una recuperación económica real, justa y sostenible que se traduzca en generación de empleo digno, dando sustento y estabilidad a las familias andaluzas».
La consejera ha señalado que entre las claves para crear oportunidades de trabajo destacan la renovación y reorientación del modelo productivo, la mejora de la competitividad, la innovación y la generación de mayor valor añadido. Uno de los instrumentos financieros más importantes para lograr estas metas es el PDR de Andalucía 2014-2020. Dotado con cerca de 2.450 millones de euros, del que la Consejería gestionará el 76%, establece como prioridades la modernización de las explotaciones, el relevo generacional, la mejora de la red viaria rural y los regadíos, así como el fomento de la competitividad, apoyando la innovación y calidad. La consejera ha precisado que para el desarrollo de las nuevas estrategias «hay que aprovechar la experiencia y el saber hacer de los grupos de desarrollo rural».
