Diputación ha firmado convenios con ayuntamientos con población inferior a 20 mil habitantes y entidades locales autónomas (ELA) de la provincia por un importe total de 300.000 euros, destinados a paliar la pobreza energética de los vecinos de estas poblaciones.
La Diputación por primera vez en su historia aprobó en Pleno el pasado mes de mayo un Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética, que contempla la firma de convenios de colaboración de los ayuntamientos y la Corporación Provincial con las comercializadoras; la puesta en marcha de líneas de formación, a través de la Agencia Provincial de la Energía, en materia de eficiencia energética para los beneficiarios de ayudas, y la dotación de un fondo económico contra la pobreza energética, dedicado a evitar el corte de suministro de energía.
En referencia a este plan la presidenta ha señalado: “Estamos hablando de un instrumento que incide de manera esencial sobre una realidades de enorme trascendencia social, como es el desempleo y la garantía de un nivel digno de prestación de servicios esenciales, como son los suministros de energía. Al tiempo, es una manifestación de la prioridad que este Gobierno provincial ha concedido a dar respuesta a las principales demandas e inquietudes de los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos y de la sociedad gaditana en general, como es estar cerca de quienes más necesitan de lo público y de la implicación de las instituciones en su realidad social”.
Estos fondos van dirigidos fundamentalmente a evitar los cortes de suministro eléctrico y de gas de personas físicas o unidades familiares empadronadas en alguno de los municipios y que carezcan de recursos dirigidos a mantener dicho suministro en su vivienda habitual. “Se trata de un mecanismo de respuesta y de protección a colectivos especialmente vulnerables”, como ha destacado Irene García.
Las ayudas serán gestionadas por los Servicios Sociales Comunitarios de cada localidad, los cuales constatarán el empadronamiento del solicitante y realizarán la valoración de cada una de las solicitudes, previa justificación de las situaciones económicas y familiares siguiendo un procedimiento establecido. Cada ayuntamiento deberá estudiar en cada caso su falta de recursos a través de una tabla de renta de los últimos seis meses de los miembros mayores de 16 años (1 miembro menos de 1 indicador público de renta, IPREM, 2 miembros inferior a 1,2 IPREM, 3 miembros inferior a 1,3 IPREM….); esas unidades familiares firmarán un compromiso de formación en materia de eficiencia energética con el beneficiario para su reeducación en este sentido.
