- Miguel Pérez en su despacho de Estella
El año que acaba de comenzar es clave para los agricultores y las agricultoras de nuestro país y, por ello, de la provincia y la Campiña.
Por un lado, desde el primero de enero, el Régimen General de la Seguridad Social es también el que acoge a los trabajadores y trabajadoras del campo; por otro, entra también en vigor la titularidad compartida de las explotaciones agrarias que va a permitir terminar con la histórica invisibilidad de las mujeres en el campo; finalmente, este año es esencial para defender frente a la propuesta de reforma de la PAC las demandas de nuestro país.
En puertas de la reunión del Consejo Consultivo que se celebrará mañana en la sede madrileña del Ministerio de Agricultura, hablamos del presente y el futuro de la agricultura gaditana con el secretario general de COAG-Cádiz, Miguel Pérez.
¿Qué significa para la organización la puesta en vigor de esta demanda?
Nuestra postura ha sido muy clara desde el principio. Creíamos que había que ir a una situación de normalidad y de no discriminación respecto de estos trabajadores con los de la rama general. La dificultad siempre ha sido la misma: en momento de crisis, y nosotros llevamos arrastrando la crisis muchísimos años, el equiparar a estos trabajadores suponía un sobrecoste para los empresarios agrarios. Unos costes que eran inasumibles. Había que buscar una fórmula intermedia con ayuda pública y eso es lo que se ha hecho. Se ha negociado con los sindicatos, siempre teniendo en cuenta el objetivo común de mejorar las prestaciones y la cobertura social de estos trabajadores a través de una equiparación transitoria, de forma que tenemos esa especie de colchón de subvención estatal que va a permitir un aterrizaje suave, de aquí a dos décadas.
Y para el agricultor de a pie…
Lo principal de esta medida es que se dignifica a todo el mundo en el campo. Queda pendiente el de los empresarios, porque nosotros tenemos una renta muy por debajo de la media de las rentas nacionales; pero bueno entramos en el lote de la dignificación general del trabajo en el campo. El sobrecoste creemos que es asumible.
Sin embargo, falta el desarrollo de esa Ley 28/2011 de integración de los agricultores en el RGSS.
Efectivamente. Tenemos la ley con un plazo de entrada en vigor, que es el 1 de enero, pero no tenemos un reglamento que regule específicamente los pormenores de las altas y las bajas, por poner un ejemplo, las altas y las bajas. A día de hoy lo estamos haciendo rudimentariamente, por escrito; y tampoco tenemos una comunicación telemática. Ahí las administraciones se han quedado dormidas.
También entra en el terreno de la dignificación del trabajo en el campo la titularidad compartida de las explotaciones agrarias de las mujeres, que también acaba de entrar en vigor.
Hay que ponerle apellido a esa norma: COAG-Ceres, porque ha sido una reivindicación pura y dura de las mujeres de COAG desde hace muchísimos años. Viene a terminar con una historia muy injusta. La mujer no es que no se le reconociera, es que no existía, era un nada en el campo. En el ámbito rural quizá con más incidencia. Ha habido críticas porque hay quien piensa que había que haber ido más allá, pero ya hay un marco legal, por tanto un reconocimiento de que la mujer está ahí trabajando y por lo tanto es cotitular de esa empresa,… y eso es muy importante de enlace a futuras normas y es fundamental a la hora, por ejemplo, de solicitar una ayuda. Entonces, la ley es el enganche para que pueda haber una realidad de igualdad. Desde COAG hay que reconocerle particularmente la labor que se ha hecho a CERES, aunque luego haya fotos de todos los colores. Sabemos quién ha trabajado todo el mundo. Ahora lo que tienen que hacer las mujeres es hacer efectivo el reconocimiento del derecho, ante la administración y en los papeles.
El Ministerio de Agricultura tiene por delante una ardua tarea para mantener la posición de España ante las instituciones europeas en defensa de nuestra postura y en contra de la propuesta de la PAC.
Nos parece conveniente que en este momento delicado el nuevo ministro tenga experiencia y sepa de agricultura, de ganadería y pesca y sabe, por su trayectoria. Que sepa moverse y conozca los entresijos de la UE. Nosotros queremos que exista cierta continuidad en cuestiones en las que habido unanimidad por parte de todas las organizaciones agrarias, como es el caso del rechazo de la PAC. Hay un documento firmado de antes de las elecciones con dos puntos muy básicos pero muy claros de rechazo. En su ánimo está no sólo limar la PAC sino darle la vuelta por completo. Incluso se dio una encomienda a la anterior ministra para que se moviera por Europa y buscara alianzas para bloquear esa propuesta de la Comisión. El riesgo de la PAC es que vamos a entrar en una guerra fratricida, no sólo entre agricultores, sino entre comunidades autónomas y territorios para pelear por hacerse con uno de los cheques de Europa. Entramos en el absurdo de pelear por un cheque con base territorial que no prima ningún otro aspecto. Frente a las voces que dicen que lo importante es el “cheque” –que en cualquier caso va a ser menor, porque somos más países y no se contempla el IPC, por poner dos ejemplos-; y reconociendo que el cheque tiene que venir, porque si no hay ayudas no hablamos de nada, el problema, según la propuesta, es el reparto posterior. Esa guerra fratricida de un reparto con base territorial que no tiene en cuenta las singularidades de cada comunidad y pretende una media nacional. No estamos de acuerdo con una ayuda con base territorial donde no se prime la productividad, donde no se valoren las condiciones sociales, donde no se tiene en cuenta al agricultor profesional, no se tienen en cuenta sacrificios que se han hecho en materia medioambiental, etc.
Si alguien recibe dinero público le tiene que devolver a la sociedad con creces lo que ha recibido. El dinero público no es para enriquecerse. Yo recibo, tengo una renta digna y tengo la obligación de generar riqueza en la sociedad.
Y en cuanto a la PAC, la novedad de este año es que se trata de una codecisión entre el Parlamento y la Comisión. No tenía sentido que se tomaran decisiones tan importantes sin un mínimo de sobería; y esto es muy importante porque entra en juego la política, los representantes de los ciudadanos. Así que ahora, los políticos tienen que hacer su trabajo. Tenemos que recuperar, además, mecanismos de mercado, principios fundamentales que Europa nunca debía haber olvidado como la preferencia comunitaria, soberanía alimentaria,… No queremos ni una intervención a la cubana ni cerrar las puertas a las importaciones, pero sí jugar el partido con las mismas reglas. No se puede ser competitivo a precios de países en vías de desarrollo.
En cuanto a la provincia, ¿cuáles son los grandes temas de este año en un invierno que de momento está siendo bastante seco?
En este momento estamos ya deficitarios respecto a lo que es un año normal. Es fundamental que llueva para dos sectores, para los herbáceos como el trigo, si no vamos a tener una malísima cosecha, y para la ganadería, no va a haber pastos y eso va a encarecer mucho los costes en unos piensos que ya están muy caros.
Además, no es lo mismo que llueva que tener que regar, con los elevados costes que tiene el riego para nosotros. El coste energético de los regantes de la provincia es muy elevado. En muchos casos, inasumible por parte de los agricultores. Se abandonaron las tarifas bonificadas para los agricultores y esto significa que entramos en un mercado libre y en una subida por vatio muy alta.
Por otro lado, tenemos un problema muy grave en la Comunidad de Regantes de Guadalcacín donde va a haber un cataclismo como no se resuelva. El agricultor no se puede ver obligado a pagar por algo que no funciona. Por ejemplo, no existe el telecontrol. El agricultor está pagando por un servicio de telecontrol que no existe, lo que existen son tres pantallas planas y el telecontrol son tres vigilantes. Y ese detalle estaba presupuestado, creo recordar en un millón cuatrocientos mil euros.
Finalmente, tenemos que hablar del Marco de Jerez, que es el gran olvidado de las administraciones; y en ese sentido, me encantaría parecerme a Delphi o a Visteón, por la atención que prestan a esos sectores. El viñedo es el cultivo que más empleo genera, es el primero de la cadena que genera exportación histórica,… y eso le viene muy bien a la balanza comercial andaluza y española.
Sería necesario que pare la sangría de arranque de viñedo, si perdemos la tierra, no tiene sentido la denominación. Además, hay que activar un plan de promoción y que participen en él aquellos que creen en el jerez y luego deberíamos ser un poco más aperturistas en cuanto al reglamento, por ejemplo a la hora de las condiciones de establecer una bodega. Hay que ser más aperturista pero también más egoísta y no permitir que se traiga subproducto de fuera; y luego hay que diversificar en muchas cosas con un objetivo: no abandonar lo típico de Jerez, porque eso es nuestro solamente, pero sí hay que modernizar ciertas cosas, a lo mejor hay que hablar de otros vinos distintos o de nuevas etiquetas.
Lo que hay que reivindicar claramente en materia de competencia es que las interprofesionales, las denominaciones de origen tengan capacidad para llegar a acuerdos, como mínimo, para fijar el acuerdo de que no se venda por debajo de los costes de producción. Hay una ley clara al respecto, y no se pueden ni dar recomendaciones de precios.
