El Ayuntamiento de Jerez aprobó hace unos días en pleno una proposición para instar a la Junta de Andalucía a la desafectación de las vías pecuarias que pasan por los núcleos clasificados en el PGOU como hábitats rurales diseminados; además, pretenden que en el caso de que no se pudiese llevar a cabo la desafectación total, que la vía pecuaria quede reducida a su tamaño actual, es decir, que se permita la ‘huella pecuaria’ y no se exija en ningún caso el trazado alternativo para poder llevar a cabo la legalización de las viviendas en ellas situadas, tras la aprobación definitiva de los correspondientes Planes Especiales.
La alcaldesa explicaba que no se propone la legalización de viviendas «al margen de la ley. El trazado alternativo supone la expropiación y la compra de terrenos por lo que los vecinos tendrían que pagar. Nosotros queremos favorecer la solución de la huella pecuaria ya que los vecinos no tendrían que pagar el deslinde alternativo. Ésta alternativa es la más rápida posible y en la que los vecinos no tienen que pagar un coste adicional. No cargar sobre la espalda de los ciudadanos un problema económico cuando puede solucionarse sin coste económico y más rápido. Es una solución legal, rápida y barata y creo que después de tantos años esperando es lo que se merecen los vecinos de la zona rural”, decía.
Por su parte, la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez-Toro, explicaba que “lo que pide este Gobierno municipal es el reconocimiento de unos hábitats rural diseminados que son históricos y están reconocidos en nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Es un problema histórico que lleva padeciendo la zona rural desde hace más de 30 años”.
La delegada también recordaba la legalización de más 80 viviendas en la zona rural y la elaboración de 6 Planes Especiales hasta el momento; «un procedimiento se atasca en todo lo que se refiere al dominio público, por lo que los vecinos no obtienen ni licencias de primera ocupación, ni pueden acceder a servicios tan básicos como la luz y el agua, y tampoco pueden obtener licencia para abrir un negocio, lo que impide el desarrollo socieconómico de la zona y aboca a sus vecinos a la emigración a otras poblaciones o al casco urbano”. Sánchez Toro también recordaba que “llevamos dos años esperando para la creación de una comisión técnica integrada por técnicos de la Junta y del Ayuntamiento para buscar una solución definitiva a una demanda histórica”.
