Sólo un 2% de las viviendas ilegales que se sitúan en el municipio de Jerez, 33 del Mayorazgo, podrán regularizarse a través del nuevo decreto que hace sólo unos días aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Esa es, al menos, la cifras que baraja el Ayuntamiento de Jerez, según sus delegados de Urbanismo y Medio Rural, Antonio Saldaña y Susana Sánchez, quienes consideran que el documento “básicamente no resuelve el problema en Jerez”; algo obvio de ser ciertas las cantidades que manejan: sólo 33 legalizaciones, con posibilidad de llegar a unas 200 con un censo de ilegalidad de 1500 viviendas y edificiaciones.
Mientras que los delegados aseguraban ayer que la medida “llega tarde y mal, a escasos meses de las elecciones autonómicas» y que el de «la vivienda es un tema recurrente en periodo electoral y después ‘si te he visto no me acuerdo’, permaneciendo los vecinos otros cuatro años en el limbo esperando la legalización de viviendas y edificaciones»; el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo la calificaba de «decisión valiente» y fue muy claro al asegurar que habría viviendas que no se podrían legalizar y, respecto a las ubicadas en cañadas que «las vías pecuarias no son movibles, son las que son, y en ese sentido hay medidas compensatorias».
A pesar de ello, desde el Ayuntamiento se ha asegurado que se va a tender una mano a las administaciones para facilitar la legalización de las viviendas en el término, y ya en el próximo pleno se presentará una moción en la que se pedirá a la Junta de Andalucía que agilice los trámites de aprobación de los planes especiales que ya están en marcha en distintas zonas rurales; que se agilice igualmente la desafectación de cañadas así como los trazados alternativos así como que se lleve a cabo una reforma profunda de la LOUA y el POTA.
Además, el Ayuntamiento va a llevar a cabo una campaña informativa coordinadamente, Urbanismo y Medio Rural, para para explicar a los vecinos cómo les afecta el decreto » visitando los núcleos rurales y explicando a los vecinos cuál es la situación real para evitar la confusión y las falsas expectativas”.
Las zonas afectadas, según el informe elaborado conjuntamente por el departamento de Planeamiento de Urbanismo y técnicos de la delegación de Medio Rural son 13 núcleos rurales que engloban entre 600 y 700 viviendas y edificaciones que no pueden acogerse al Decreto por encontrarse en áreas calificadas en el PGOU como hábitat rural diseminado, estando la mayoría de ellas construidas en vías pecuarias. En este sentido, el delegado ha explicado que estas viviendas están en núcleos que, conforme a lo recogido en el PGOU, están en proceso de legalización con la elaboración de planes especiales.
En estos momentos, según las informaciones ofrecidas por el Ayuntamiento, ya están aprobados los planes especiales de Cuartillos, Mesas del Corral, y pendiente el de Gibalbín, ya que no está desafectada la cañada. Se están redactando los correspondientes a Añina, La Inmaculada, Mesas de Santa Rosa y el Polila, estando previsto que se finalicen en febrero, comenzando así todo el procedimiento para su aprobación. Se trata de documentos urbanísticos que habilitan la legalización de estas viviendas. “Se han iniciado por estos cuatros ya que no están en vías pecuarias y tienen más facilidades para su aprobación”.
Lo que el Ayuntamiento va a solicitar a la Junta, según Saldaña es que se agilice los trámites para la aprobación de estos planes especiales y que en aquellas zonas que sea necesario se agilice igualmente la desafectación de las cañadas como paso previo a la redacción de estos planes especiales.
