El empleo, el incremento de fondos para el PECES, que se aplicará en las ELAs y la transferencia corriente del ayuntamiento matriz de Jerez a éstas han sido algunos de los puntos de la sesión del pleno de la Diputación Provincial que ha tenido lugar esta mañana en Cádiz.
La institución no transferirá directamente la cuantía que el Ayuntamiento matriz de Jerez ingresa mensualmente a las siete entidades locales, después de que no haya salido adelante la proposición presentada por el grupo socialista por la que se pretendía solicitar a la alcaldesa de Jerez que autorizase a la Diputación, como Administración responsable por delegación de ese Ayuntamiento de la recaudación de los impuestos y tasas del municipio, a que transfiriera directa y puntualmente a las ELAs las mensualidades del Convenio Económico firmado entre el Ayuntamiento y sus pedanías. La proposición sólo ha contado con 12 votos favorables del PSOE y de IU, 16 en contra del PP y tres abstenciones, las de los diputados de Foro Ciudadano, del PSA y de un diputado socialista.
Tampoco ha salido adelante la proposición por la que se pretendía el incremento presupuestario para el PECES cuya primera fase se firmó hace ya una semana.
Por contra, la corporación provincial ha acordado solicitar a la Junta de Andalucía el incremento del número de ayudas destinadas a financiar el desarrollo de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en la provincia de Cádiz, considerando que el alumnado de estos programas está conformado por personas en desempleo. Solicitará, igualmente, a la Consejería de Empleo que las resoluciones de nuevos programas de empleo no estén condicionadas por “el color político” de los Ayuntamientos promotores y respondan a criterios “objetivos” conforme a la cifra de desempleados de cada municipio; y, finalmente, solicita dejar en suspenso los anticipos que tienen que asumir las entidades promotoras (Ayuntamientos en su mayoría) para la puesta en marcha de las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo aprobados por la Junta. Una propuesta que ha sido aprobada por unianimidad y respecto a la cual el responsable de Empleo, Ignacio Romaní, ha explicado que los problemas de liquidez de las haciendas locales y la contención en el gasto dificultan cumplir con el citado anticipo; de ahí la solicitud a la administración autonómica a que condicione la entrada en vigor de cada programa de empleo al pago efectivo de las ayudas.
