El delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña, ha recordado hoy que corresponden a la Junta de Andalucía las competencias de uso público, utilización y conservación de las cañadas, según la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, después de que Ecologistas en Acción le remitiese un escrito denunciando el pésimo estado de la cañada de Pinosolete.
En ese sentido, recuerda que las atribuciones del Ayuntamiento en estos terrenos se limitan exclusivamente a la materia urbanística y, de hecho, ya se han abierto expedientes por incumplir la legislación urbanística en la Cañada de Pinosolete.
El concejal de Urbanismo ha realizado estas declaraciones ante el grave estado de la cañada de Pinosolete, una de las más cercanas al núcleo urbano, sobre la que también ha asegurado que “estamos dispuestos a ir de la mano con los colectivos ecologistas y la ciudadanía para exigir a la Junta de Andalucía, que ejerza sus competencias en este ámbito”.
Saldaña incide en que el carácter de uso público de las cañadas, que refuerza aún más el interés del Ayuntamiento en mantenerlas limpias y expeditas “ya que pertenecen a toda la ciudadanía y es la Junta quien tiene la obligación de conservarlas para su uso correcto tanto para el tránsito ganadero como para otros usos”.
Desde el consistorio aseguran que la situación de deterioro provocada por los vertidos de basura y otros residuos en la cañada de Pinosolote están poniendo en grave peligro la integridad de la propia cañada tanto desde el punto de vista medioambiental, como de las construcciones y terrenos anexos, ya que se pueden producir incendios o accidentes.
Según la ley, indican desde el Ayuntamiento, las posibilidades de actuación de la administración municipal en las vías pecuarias se constriñen a la materia estrictamente urbanística, esto es, la sanción urbanística y el restablecimiento del ordenamiento jurídico-urbanístico.
Saldaña justifica también la urgencia en actuar sobre las cañadas “en muchos otros ámbitos además del de la conservación, ya que desde hace décadas estamos pendientes de que la Junta proceda a la desafectación de las mismas para conseguir ejecutar los planes urbanísticos de gran parte de las barriadas rurales del municipio y que están incluidos en el Plan General”. Además, ha hecho referencia al decreto aprobado en enero por el Consejo de Gobierno de la Junta, sobre la legalización de viviendas ubicadas de manera ilegal en la comunidad y que, en su opinión, “no aporta nada nuevo a los núcleos rurales de Jerez y la junta de Andalucía podría haber ayudado mucho más si se implicara en la desafectación de las cañadas y en los desarrollos de esas zonas”.
